Desde el pasado 1 de enero vender o comprar una casa puede resultar más oneroso para el bolsillo de quienes residen en España, tras la decisión del Gobierno de encarecer la tributación de las plusvalías inmobiliarias. Una modificación incluida en la reforma del impuesto sobre la renta (IRPF) -tanto de la ley como del reglamento que la desarrolla- permite considerar la compraventa de pisos, chalés y similares como una actividad económica más, lo que en la práctica supone duplicar con creces la suma que ahora se debe pagar a Hacienda por este tipo de operaciones. Los asesores fiscales ya han advertido de los riesgos jurídicos que conlleva este cambio, que va en línea con la interpretación que la Dirección General de Tributos -dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda- realiza desde hace bastante tiempo cuando se le consulta sobre cómo ha de computarse a esos efectos una operación inmobiliaria. Hasta ahora se consideraba que cualquier compraventa de inmuebles entre particulares se derivaba sin más de su ahorro y sólo generaba ganancias patrimoniales, gravadas ya con un tipo único del 18% (el 15% con el IRPF anterior). Desde principios de año se ha eliminado esa distinción, de manera que habrá que analizar caso por caso el objeto de cada operación.